El presidente Mauricio Macri anunció
El presidente Mauricio Macri anunció el reconocimiento de los juicios a los jubilados y la actualización de acuerdo a los criterios emanados de la Corte Suprema de Justicia en los últimos años. La decisión busca contrarrestar las críticas por la escasa sensibilidad social de la mayoría de las medidas tomadas por el Gobierno y apunta a los abuelos, un foco sensible de la sociedad. Macri cumple con una promesa de campaña y como contraste, se diferencia del Gobierno de Cristina Fernández que demoró demasiado esa solución.
Presentado así, parece mostrar un nuevo rostro de la administración Macri. Preocupado por un sector de la sociedad “desprotegido” y con necesidades permanentes. Nadie puede estar en desacuerdo con actualizar los haberes jubilatorios y la oposición no tiene muchos argumentos para poner reparos.
Sin embargo, el mecanismo de financiamiento propuesto por el Gobierno genera dudas. Se trata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se engrosó con la recuperación de los fondos en manos de las AFJP y con la compra de acciones de empresas que operan en el país. El FGS tiene la finalidad de ser un fondo anticíclico, que esté disponible cuando el sistema previsional tenga desequilibrios. El Gobierno anterior también lo utilizó, pero con la lógica de fomentar inversiones y generar con el mismo movimiento, mayor empleo registrado que alimente la caja previsional.
Esa estrategia fue desechada por la nueva administración para usar los recursos únicamente para los jubilados. Hoy el Fondo supera los 600 mil millones de pesos, según los últimos datos oficiales de la Anses. Pero esos recursos serán sucesivamente podados para pagar las jubilaciones “actualizadas”, lo que puesto en perspectiva, abre un interrogante sobre la sustentabilidad futura de todo el sistema. El costo fiscal del programa de “reparación” asciende a más de 47.000 millones de pesos para el pago de las demandas retroactivas. Y para el aumento de los nuevos haberes jubilatorios la inversión será de hasta 75.000 millones de pesos anuales en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios. Los jubilados en litigio cobrarán un 45 por ciento más en promedio.
Al mismo tiempo que se resuelve el problema de la tercera edad que tiene gran visibilidad mediática, se recreó una nueva categoría de jubilados: los rezagados.
Cristina Fernández se había ocupado de un sector olvidado de la economía. Miles de trabajadores que con la edad adecuada para retirarse, no contaban con sus aportes, pudieron jubilarse gracias a las moratorias lanzadas por el Gobierno. Cobran la jubilación mínima, que se actualiza dos veces al año como con el resto del sistema. Esas moratorias se terminaron. Ahora habrá una “pensión” que equivaldrá al 80 por ciento de la jubilación mínima –3.967 pesos, la mitad de un salario mínimo-. El sistema solidario e inclusivo quedó en el pasado para convertirse en uno caritativo. La caridad, se da, como se sabe, desde arriba hacia abajo.
¿Quiénes son los que no hicieron méritos para tener sus aportes? ¿Eligieron ese destino? Algunos cuentapropistas, si. Pero la inmensa mayoría son trabajadores informales que están en la periferia de la economía, cobrando en negro y sin protección social. El porcentaje es abrumadoramente alto y perenne, con escasas variaciones en los últimos años.
No solo permanecen, sino que hay pocos esfuerzos para incluirlos en el sistema formal. Ni siquiera los gremios se preocupan con la misma intensidad que por el Impuesto a las Ganancias por los miles de obreros en negro.
En un mercado laboral que expulsa trabajadores por los tarifazos y las bajas ventas, serán muchos más o a lo sumo, entrarán a un régimen de flexibilización laboral pensado para que las empresas paguen menos impuestos. En ese escenario, el futuro del régimen previsional corre serio riesgo, como ocurrió en el pasado.
Metido sutilmente como una solución para financiar los pagos a los jubilados, Macri también anunció un nuevo blanqueo de capitales que fueron evadidos o depositados en el exterior.
El anuncio ocurrió apenas 24 horas después de que el mismo Presidente admitiera tener una cuenta nunca antes declarada en Las Bahamas por poco más de un millón de dólares.
“Para financiar la actualización de las jubilaciones se cobrará un impuesto a los que más tienen y que han evadido el pago de sus obligaciones tributarias durante los últimos años”, dijo Macri al presentar en sociedad el blanqueo de capitales que fue penosamente denostado cuando la iniciativa fue del Gobierno anterior.
De acuerdo con las cifras del INDEC, los activos de los argentinos fuera del sistema suman unos 220.000 millones de dólares. Un blanqueo exitoso rondaría los 60.000 millones de dólares.
Macri llamó a “repatriar esos fondos” con un “sinceramiento fiscal” y pidió a quienes “se los llevaron porque no confiaron en el Estado” a que “acompañen y sean parte de esta nueva etapa que comienza en Argentina”.
No se trata de una cuestión de confianza en el Estado. La evasión y las cuentas ocultas en paraísos fiscales son un problema global que afecta a países conservadores o populistas por igual. Quien tiene cuentas off shore, en general busca no pagar impuestos o conseguir mayor rentabilidad para su dinero.
Según la misma agencia de noticias estatal –Telam- “en Argentina constituir y mantener una sociedad por acciones resulta no sólo oneroso a nivel impositivo sino que debe ser inscripta en el registro público de comercio o la Inspección General de Justicia, con trámites que suelen demorar semanas y hasta más de 6 meses, con el consecuente pago de tasas anuales y por timbrados”.
La agencia emitió un curioso despacho en el que da argumentos a quienes depositan su dinero fuera del país. “La Argentina es un país considerado “poco amistoso” en relación al pago de impuestos para individuos y para armar negocios, lo que alienta a explorar alternativas con el lema bajo el brazo de “nadie está obligado a hacer lo que la ley no dice”, a la hora de tener una firma”, dice el artículo.
La justificación termina en que “en el mundo, entre los países amigables para las inversiones, medida por el peso de sus cargas fiscales, el país se ubica entre los últimos lugares, ocupando el puesto número 170 de 189, según el índice 2015 Doing Business que confecciona el Banco Mundial”.
Los argumentos oficiales no esconden los miles de millones de dólares fugados a paraísos fiscales con la única finalidad de no pagar impuestos.
Para acceder al “sinceramiento” fiscal habrá tres opciones: pagar un impuesto especial; suscribir bonos por el monto declarado o hacer inversiones de largo plazo en el país.
En el primer caso, la alícuota del impuesto que se pagará dependerá del monto declarado. Si la cifra es por un monto equivalente menor a 305.000 pesos no tributarán ninguna alícuota; si el monto es de entre 305.001 pesos y
800.000, el impuesto será del 5%; mientras que por encima de 800.001, la tasa será del 10 por ciento –el Presidente debería pagar 140 mil dólares-.
Los que ingresen al programa después del 1 de enero de 2017, deberán tributar una alícuota equivalente al 15%.
Una segunda opción será suscribir bonos del Tesoro por el monto declarado, títulos que tendrán un plazo no menor a un año y la tercera alternativa será traer el dinero para hacer inversiones de largo plazo en Argentina para financiar obras de infraestructura, vivienda, créditos hipotecarios o pymes.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay anunció que el blanqueo “va a ser para todos y todos los funcionarios del Gobierno Nacional que quieran aprovechar esta oportunidad tendrán que explicar a la sociedad cómo se multiplicó su patrimonio”.
Uno de ellos debería ser el mismo Macri, que duplicó su patrimonio durante el año pasado para declarar por primera vez como presidente, 110 millones de pesos, incluida su cuenta en Las Bahamas, hasta ahora desconocida.
Según el radical Javier González Fraga, Macri está perdonado: “Tener dinero afuera es casi una necesidad para sobrevivir“, dijo con soltura el economista que casi fue ministro PRO.
González Fraga, famoso por sus dos gestiones frente al Banco Central que derivaron en hiperinflaciones -1989 y 1991- desnudó el pensamiento dominante en el que hay dos porciones bien diferenciadas. Los que pueden y los que no. El economista defendió el proyecto económico de Macri en contraposición con “la burbuja de crecimiento populista” que a su entender impulsó el kirchnerismo y con toda crudeza, disparó: “Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal”.
No es apenas un exabrupto. La frase se emparenta con aquella de Prat Gay sobre la “grasa militante” y tiene su correlato en los tarifazos, subas de precios y “sinceramientos” que dejan cada vez más gente afuera.
La culpa del kirchnerismo fue entonces darle al trabajador una esperanza de vida mejor. Una ilusión traducida en vacaciones o en el primer auto. En el modelo real y sincero, eso no va más. O por lo menos, tardará un poco, hasta que se solucionen “los problemas” de la economía. La promesa del derrame, teoría muy difundida en los 90, sin embargo, nunca llegó a concretarse.
La economía sincera no deja por ahora resquicios para la ilusión. La inflación del “Congreso” fue del 6,7 por ciento en abril y fue la más alta desde 2002. En la comparación interanual ya superó el 40 por ciento. Es decir, a un mes del mítico segundo semestre, ya se superó por quince puntos la pauta de inflación estimada por el Gobierno.
Esa disparada de precios conspira contra el salario y aumentó exponencialmente los indicadores de pobreza. La estrategia oficial no muestra los resultados que vocean ministros y operadores políticos.
El consumo cayó hasta en la mismísima ciudad de Buenos Aires, bastión del voto PRO. Según un informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña las ventas de alimentos en supermercados disminuyeron 2,2% y un 15,9% las de electrodomésticos en comparación con los primeros tres meses del año pasado, mientras que las ventas de otros artículos en estos centros de compra cayeron 6,4 por ciento.
La devaluación promocionada como necesaria para devolverle la competitividad a la producción argentina, ha perdido la batalla por medidas paralelas que tomó el mismo Gobierno. Los tarifazos en los servicios públicos como la luz, el agua o el gas incrementaron los costos y lo que se ganó por el alza del dólar ya se licuó.
El mejor ejemplo son las exportaciones misioneras. Desde hace un tiempo los empresarios exportadores reclamaban mejores condiciones económicas para mejorar la salida de los productos de la provincia. El año pasado pedían un dólar más alto y ahora piden incluso un poco más. Pero los datos revelan que el dólar más alto no sirvió para mejorar la perfomance exportadora, sino que las ventas al exterior pronunciaron su caída. En el primer trimestre, después de la devaluación de casi el 50 por ciento del peso, la baja fue del 21,5 por ciento en dinero y las cantidades exportadas cayeron 20,6 por ciento. La disminución, anualizada, es más profunda que la de todo el año pasado, cuando hubo una merma de 15,3 por ciento en dólar
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El Instituto Provincial de Estadística y Censos señala que “no se puede afirmar de manera tajante que el sector exportador requiera sólo de un tipo de cambio real alto (depreciado) para ser competitivo” y si la evolución de los costos internos de cada uno de los sectores exportadores, ya que influyen en la competitividad sectorial. A excepción de la yerba, cuyo precio en dólares creció 266% respecto al año 2007, el té y el tabaco crecieron moderadamente, con un 106 y 93%.
Por el contrario, los problemas de la producción misionera se acentuaron a partir de la devaluación y los tarifazos. El sector maderero es el que peor está, con varias empresas trabajando a horario reducido y con suspensión de personal.
En la yerba mate también hay problemas profundos y el financiamiento prometido por la Nación no se hace efectivo para garantizar que el pequeño productor reciba el precio fijado por el ministerio de Agricultura, que a poco de ser anunciado, ya quedó desactualizado con la suba de los combustibles.
Pero el problema en el sector yerbatero es mucho más profundo que la falta de financiamiento. El Instituto Nacional de la Yerba Mate distribuyó entre el año pasado y lo que va de 2016 inyectó 62 millones de pesos para subsidiar las tasas de interés de créditos por más de 800 millones de pesos para el sector industrial. Ese reparto, distribuido principalmente entre secaderos y cooperativas, no se derrama del todo a la cadena productiva. Solo un puñado de grandes molinos de Misiones cumple con el precio oficial en un plazo razonable.
El Gobierno provincial es el más preocupado en resolver con rapidez el conflicto yerbatero, mientras que en la Nación dilatan un aporte definitivo, pese a las gestiones que encaran algunos dirigentes misioneros que integran la Cambiemos.
Los locales de la alianza gobernante no la pasan bien. Se les achacan todos los males causados por las medidas tomadas en los despachos nacionales y no encuentran interlocutores eficaces en Buenos Aires. Son los malos de la película porque no terminan por resolver ninguna de las cuestiones urgentes que necesita Misiones.
Tampoco hay demasiada sintonía fina entre los propios socios. Alex Ziegler está desencantado con los PRO puros, aunque defiende a morir al gobierno de Macri. Asegura que la opción opositora en Misiones no pasa por Cambiemos y es el principal impulsor de una alianza alternativa con el radicalismo y se puso a trabajar con su par en el Congreso Luis Pastori. Pero esa sociedad carece de estructura partidaria y el propio Pastori reconoce como un error no haber ido con el PRO en las últimas elecciones. Ahora espera que haya un frente común para “responder a las expectativas de la gente”. Lo cierto es que la alianza con el PRO tiene una traba central: quién será el candidato a senador. Pastori y los hermanos Alfredo y Humberto Schiavoni se anotan. El primero dependerá mucho de cómo evolucione el Gobierno nacional, ya que es el enlace oficial con Misiones. El segundo tendrá que mostrar méritos desde su segunda gestión en la Entidad Binacional Yacyretá, desde donde ya anunció que no habrá más obras para Misiones –solo se terminarán las que puso en marcha la gestión anterior-, sino una dedicación exclusiva a la generación de energía.
En cambio, estaría a favor de una medida que traería un poco de justicia a las asimetrías internas. Misiones quiere cobrar las regalías de Yacyretá en energía para decidir su destino y distribución. Schiavoni está de acuerdo y espera el visto bueno de Macri. Hay mucha expectativa puesta en la segunda visita presidencial a Misiones, que se concretaría a mediados de junio, en la que el Gobierno le entregará un programa de energía alternativa, según anunció el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, quien reclamó enfáticamente por la asistencia de Nación a las demandas de Misiones, entre las que aparece como prioritaria la reimplantación del ITC diferenciado para los combustibles que se venden en la provincia. La sangría no se detiene, especialmente en las ciudades de frontera y un combustible más barato aparece como una medida necesaria. El ITC diferencial para combustibles en toda la provincia, equipararía los precios locales a los de la ciudad de Buenos Aires.
Además el Gobierno y representantes del sector privado avanzaron el viernes en la definición de medidas que se reclamarán a la Nación para proteger la economía provincial. Se insistirá con una tarifa eléctrica reducida; reimplantar el reintegro a las exportaciones y subsidio a la tasa de puertos. También se buscará implementar una alícuota diferencial del IVA de 10,5 por ciento para todo producto elaborado en Misiones e incrementar el cómputo de las contribuciones patronales a cuenta del Impuesto al Valor Agregado.
Pese a los avatares económicos, el Gobierno tuvo dos motivos para celebrar esta semana. Primero el gobernador Hugo Passalacqua anunció el fin de los topes jubilatorios en el Instituto de Previsión Social, cerrando una etapa que se inició en los 90 cuando se declaró la emergencia previsional por primera vez. Hace un par de años el ex gobernador Maurice Closs dio el primer paso para una salida paulatina con la inyección de recursos para ir subiendo los topes que se eliminaron definitivamente ahora. Todavía regían para quienes cobraban una pensión de la Anses en conjunto con su jubilación y para quienes percibían más de 15, 20 y 25 mil pesos.
La fortaleza financiera de la Provincia permite cerrar ese capítulo nefasto en el que el sueldo y las jubilaciones eran una variable de ajuste.
Passalacqua votó, como un afiliado más, en las elecciones de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones.
La salida de la emergencia previsional fue también una lucha gremial y con mucha militancia de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones que el viernes eligió nueva comisión directiva.
Nuevamente Stella Maris Leverberg fue ratificada en la conducción en un espaldarazo a la política sindical que mantiene un constante diálogo abierto con el Gobierno provincial. Leverberg volvió al llano sindical y realizó un intenso trabajo político que la ratificó en la conducción del gremio que recuperó protagonismo en la lucha por el financiamiento educativo y en fuertes reclamos al gobierno nacional. No tuvo siquiera oposición.
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